Rancez Damian

Dos exgerentes de un concesionario Mitsubishi fueron acusados de vender coches robados, pero todos los cargos fueron retirados meses después. Ahora exigen una indemnización millonaria por los daños sufridos.

Lo que comenzó como una de las investigaciones más mediáticas sobre el robo de vehículos en Canadá ha terminado dando un giro inesperado. La Policía de Toronto se enfrenta ahora a una demanda de casi 11 millones de dólares canadienses (unos 7,7 millones de dólares estadounidenses) después de que los 176 cargos presentados contra dos exgerentes de un concesionario Mitsubishi fueran retirados por la Fiscalía al no existir pruebas suficientes para lograr una condena. Los afectados sostienen que las acusaciones destruyeron sus carreras profesionales y les ocasionaron graves pérdidas económicas y personales.

Una investigación que terminó sin condenas

Harris Bocknek y Fadi Zeto dirigían el concesionario Rouge Valley Mitsubishi, en la localidad de Scarborough (Ontario), hasta finales de 2023. La investigación policial comenzó tras una entrevista con el propietario del establecimiento, cuando las autoridades sospecharon que ambos habían participado presuntamente en la compra y venta de vehículos robados mediante contratos falsificados y operaciones irregulares financiadas con dinero del propio concesionario. Como resultado, Bocknek fue acusado de 92 delitos y Zeto de otros 84, sumando un total de 176 cargos que apuntaban a un largo proceso judicial.

Sin embargo, el caso dio un vuelco apenas diez meses después de los arrestos. En septiembre del año siguiente, la Fiscalía decidió retirar la totalidad de los cargos al considerar que no existían perspectivas razonables de obtener una condena. Pese a ello, los dos exdirectivos aseguran que el daño ya era irreparable, ya que las acusaciones fueron ampliamente difundidas y provocaron la pérdida inmediata de sus licencias profesionales dentro del sector de la automoción.

La demanda reclama millones por el daño a sus carreras

Tras el archivo del caso, ambos exgerentes han presentado una demanda contra la Policía de Toronto en la que solicitan indemnizaciones que, en conjunto, ascienden a casi 11 millones de dólares canadienses. Además de reclamar daños económicos y morales, también exigen compensaciones punitivas y una disculpa pública del jefe de la Policía de Toronto, Myron Demkiw. Según la demanda, las autoridades realizaron un esfuerzo deliberado para desacreditar su reputación y bloquear cualquier posibilidad de que pudieran volver a trabajar en la industria automovilística.

Las consecuencias personales también fueron especialmente graves. Uno de los demandantes asegura que perdió su vivienda tras permanecer dos años sin poder trabajar, mientras ambos sostienen que sus antecedentes policiales continúan apareciendo a pesar de que el procedimiento fue archivado. El caso vuelve a poner sobre la mesa el enorme impacto que pueden tener las investigaciones judiciales sobre los profesionales del sector del automóvil cuando las acusaciones no llegan a prosperar, recordando que la presunción de inocencia sigue siendo uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema de justicia.