Mercedes-Benz se enfrenta a un problema inesperado que no tiene relación con ventas, motores o tecnología de sus vehículos. La polémica nace de una nueva legislación estadounidense que busca controlar la influencia extranjera en coches conectados. El Senado aprobó avanzar con el Connected Vehicle Security Act of 2026, una norma que podría limitar la venta de vehículos fabricados por compañías con determinados vínculos de propiedad. El caso de Mercedes-Benz llamó la atención porque la estructura accionarial de su empresa matriz supera uno de los límites planteados por la propuesta.
El proyecto S.4429, impulsado por los senadores Bernie Moreno y Elissa Slotkin, no apunta únicamente a coches fabricados en China. La iniciativa también contempla vehículos desarrollados por fabricantes donde entidades de países considerados sensibles tengan una participación importante. La norma establece límites para vehículos completos, software y componentes conectados, con el objetivo de evitar posibles riesgos relacionados con la recopilación de datos y la seguridad nacional.
El punto más delicado para Mercedes-Benz está en el límite del 15% de participación extranjera que contempla la ley para vehículos completos. Según los datos de la propia compañía, el grupo chino BAIC posee cerca del 9,98% de los derechos de voto, mientras que Li Shufu, presidente de Geely Holding, controla aproximadamente otro 9,69%. Sumadas ambas participaciones, alcanzan cerca del 19,67%, una cifra superior al límite que analiza la legislación estadounidense.
La situación es más compleja porque Mercedes-Benz fabrica vehículos dentro de Estados Unidos. Su planta de Tuscaloosa, Alabama, produce algunos de sus SUV más importantes para el mercado norteamericano. Sin embargo, la propuesta no se centra solamente en dónde se fabrica un automóvil, sino en quién tiene influencia dentro de la empresa matriz. Por eso, incluso un coche producido en suelo estadounidense podría quedar afectado si la estructura de propiedad supera los límites establecidos.
La nueva legislación también podría tener consecuencias para otros fabricantes internacionales. El proyecto no solo analiza la propiedad de una marca, sino también el control sobre software y componentes tecnológicos como módulos de comunicación y sistemas conectados. Aunque los límites para estas áreas serían más elevados, con un máximo del 25% de participación, la norma abre un nuevo escenario para la industria del automóvil global.
El caso de Mercedes-Benz resulta especialmente llamativo porque Li Shufu no es un inversor cualquiera. El empresario chino también está relacionado con compañías como Volvo Cars y Polestar, demostrando cómo las inversiones internacionales pueden conectar a fabricantes europeos y asiáticos. Por este motivo, algunos analistas creen que una ley diseñada para controlar marcas chinas podría terminar afectando a fabricantes tradicionales con presencia mundial.
La propuesta todavía no significa que Mercedes-Benz vaya a desaparecer del mercado estadounidense en 2027. El proyecto permite que las autoridades puedan conceder excepciones si consideran que una compañía concreta no representa un riesgo para la seguridad nacional. Además, el Senado todavía puede modificar los porcentajes antes de una posible aprobación definitiva, por lo que el límite del 15% podría cambiar durante el proceso.
Si finalmente la norma entra en vigor sin modificaciones, los fabricantes tendrán que revisar sus estructuras empresariales y cadenas tecnológicas. Las sanciones previstas incluyen multas de al menos 1,5 millones de dólares o cinco veces el valor de la operación afectada, mientras que los vehículos Mercedes-Benz que ya circulan por Estados Unidos no estarían afectados. El debate demuestra que el futuro del automóvil ya no depende solo de motores y diseño, sino también de la geopolítica y la propiedad empresarial.
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