La guerra tecnológica y comercial entre Estados Unidos y China acaba de encontrar un nuevo frente en el automóvil. El Connected Vehicle Security Act of 2026, presentado en el Senado estadounidense por Bernie Moreno y Elissa Slotkin y aprobado por unanimidad en comisión en julio, pretende restringir vehículos conectados, software y determinados componentes relacionados con países considerados adversarios. El detalle que ha pasado más desapercibido es que el texto incluye dentro de su definición de “equipamiento de seguridad” los airbags, los infladores de airbag y los sistemas de cinturones de seguridad.
El proyecto no se limita a impedir la entrada de automóviles fabricados en China. Su alcance contempla también determinados componentes y tecnologías vinculados a países considerados adversarios, entre ellos China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Además, la definición de vehículo conectado es especialmente amplia: puede afectar a un automóvil diseñado originalmente para comunicarse de forma inalámbrica aunque posteriormente se desactive o retire su sistema de conectividad. De esta manera, desmontar un módulo antes de importar el vehículo no serviría necesariamente para esquivar las restricciones.
La inclusión de los airbags resulta especialmente llamativa porque se trata de elementos fundamentales para la seguridad pasiva del automóvil. El texto legislativo define expresamente como equipamiento de seguridad los airbags, sus infladores y los sistemas de cinturones, por lo que determinados componentes procedentes de países afectados podrían quedar sujetos a las prohibiciones previstas. No significa que Estados Unidos vaya a eliminar los airbags de sus coches: el problema está en qué proveedores y componentes podrían utilizar los fabricantes si la ley entra en vigor.
La cuestión es especialmente delicada porque la industria moderna depende de cadenas de suministro internacionales. Un vehículo ensamblado en Estados Unidos, México o Europa podría incorporar componentes diseñados o fabricados en otro país y quedar condicionado por las nuevas reglas si cumplen las definiciones establecidas por la legislación. El proyecto también contempla determinadas operaciones posteriores, como instalación, reparación, actualizaciones de software y transmisión de datos, ampliando el alcance de las restricciones mucho más allá del momento de fabricación.
La preocupación de fondo de los legisladores estadounidenses es la seguridad nacional y el control de los datos generados por los vehículos conectados. El Senado sostiene que las restricciones pretenden impedir que información recopilada en las carreteras estadounidenses pueda terminar bajo control de gobiernos extranjeros. El proyecto, además, cuenta con respaldo bipartidista y avanzó en julio en la comisión correspondiente mediante una votación por voz unánime, aunque todavía no es una ley federal en vigor.
Para el sector del automóvil, el caso demuestra hasta qué punto la geopolítica está entrando en componentes que durante décadas parecían ajenos a cualquier disputa comercial. Un airbag, un inflador o un cinturón pueden convertirse ahora en piezas estratégicas dentro de la batalla por controlar la tecnología y las cadenas de suministro del automóvil. Si el proyecto continúa avanzando, los fabricantes tendrán que revisar proveedores, origen de componentes y sistemas electrónicos con un nivel de detalle cada vez mayor.
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