La industria del automóvil podría enfrentarse a uno de los mayores cambios regulatorios de los últimos años. El Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad la Ley de Seguridad de Vehículos Conectados de 2026 (S.4429), una iniciativa que podría impedir la comercialización de nuevos Mercedes-Benz en el país desde el 1 de enero de 2027. La medida no se centra únicamente en los vehículos fabricados en China, sino también en la estructura accionarial de los fabricantes, un aspecto que pone directamente en el punto de mira al Grupo Mercedes-Benz.
El texto del proyecto de ley establece que ningún vehículo conectado podrá venderse en Estados Unidos si el fabricante está controlado en más de un 15% por entidades vinculadas a China, Rusia, Irán o Corea del Norte. En el caso de Mercedes-Benz, la situación es especialmente delicada. El grupo estatal chino BAIC posee el 9,98% de los derechos de voto de la compañía, mientras que Li Shufu, presidente de Geely Holding, controla otro 9,69% a través de una sociedad de inversión. En conjunto, la participación china ronda el 19,7%, superando claramente el umbral fijado por la propuesta legislativa.
El alcance de la norma va mucho más allá de los vehículos importados desde Asia. La legislación también contempla la propiedad indirecta del fabricante, por lo que incluso los Mercedes-Benz ensamblados en la planta de Tuscaloosa (Alabama), una de las fábricas más importantes de la marca fuera de Alemania, podrían verse afectados si la estructura accionarial no cambia antes de la entrada en vigor de la ley.
La iniciativa también introduce límites del 25% para el software y el hardware de conectividad, aunque estos componentes dispondrían de un periodo de adaptación más amplio hasta 2030. Además, contempla sanciones económicas muy severas para quienes incumplan la normativa, con multas de al menos 1,5 millones de dólares o cinco veces el valor de la transacción, aplicándose nuevas penalizaciones por cada día de incumplimiento. No obstante, el proyecto permite que el Departamento de Comercio conceda excepciones si considera que un fabricante no representa un riesgo para la seguridad nacional.
Por el momento, la medida no afecta a los Mercedes-Benz ya vendidos ni a los vehículos actualmente en circulación, ya que solo se aplicaría a los automóviles fabricados, importados o comercializados a partir del 1 de enero de 2027. Sin embargo, el respaldo unánime recibido en el comité del Senado y el apoyo bipartidista convierten esta propuesta en una de las iniciativas con mayores opciones de convertirse en ley. Para Mercedes-Benz y otros fabricantes con participación accionarial china, los próximos meses serán decisivos para determinar si deberán modificar su estructura corporativa o afrontar nuevas restricciones en uno de sus mercados más importantes.
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