Mitsubishi ha puesto fin a una larga disputa judicial en Estados Unidos relacionada con un accidente protagonizado por uno de sus deportivos clásicos. El fabricante y su filial estadounidense han alcanzado un acuerdo con la familia de un conductor que sufrió lesiones gravísimas en un siniestro con un Mitsubishi 3000GT de 1992. El caso llamó la atención por una indemnización que superó los 1.000 millones de dólares en una primera resolución judicial, aunque posteriormente un tribunal de apelación anuló ese veredicto y ordenó celebrar un nuevo juicio. El acuerdo evita que el proceso vuelva a los tribunales, pero sus condiciones económicas permanecen confidenciales.
El siniestro ocurrió el 11 de noviembre de 2017 en Pensilvania, cuando Francis Amagasu conducía el deportivo acompañado por su hijo de 14 años. Al intentar adelantar a otro vehículo, perdió el control, salió de la carretera, chocó contra tres árboles y el coche terminó volcando. El conductor llevaba puesto el cinturón de seguridad, pero se golpeó la cabeza contra el techo y sufrió lesiones en la columna cervical que le provocaron tetraplejia. Su hijo sufrió heridas leves. La familia presentó una demanda en 2018 al considerar que determinados elementos de seguridad del vehículo habían contribuido a agravar las consecuencias del accidente.
La reclamación se centró principalmente en el diseño del cinturón de seguridad y el espacio disponible entre la cabeza del ocupante y el techo. La familia sostuvo que un sistema de costuras del cinturón podía permitir una extensión adicional de la sujeción durante el impacto y que la escasa holgura sobre la cabeza aumentaba el riesgo de lesiones en un vuelco. También cuestionó las advertencias proporcionadas por el fabricante. Estas afirmaciones formaron parte de los argumentos de los demandantes y no deben presentarse como defectos definitivamente acreditados: la resolución inicial fue anulada posteriormente por motivos relacionados con las instrucciones jurídicas que recibió el jurado.
En 2024, el proceso terminó con una condena que ascendía a aproximadamente 1.010 millones de dólares, incluidos 800 millones en daños punitivos. La cifra convirtió el caso en una de las disputas de responsabilidad por producto más llamativas relacionadas con un automóvil. Mitsubishi recurrió la decisión y, en diciembre de 2025, el Tribunal Superior de Pensilvania anuló el fallo y ordenó repetir el juicio. El tribunal consideró que el jurado no había recibido instrucciones adecuadas sobre la doctrina de crashworthiness, que examina si un supuesto defecto del vehículo agravó las lesiones sufridas durante un accidente, aunque no fuera la causa del siniestro.
El acuerdo anunciado en octubre de 2026 pone fin al litigio sin que llegue a celebrarse ese nuevo juicio. Mitsubishi no ha revelado cuánto pagará para resolver la disputa y ha aclarado que el pacto no supone admitir las acusaciones de la familia ni reconocer responsabilidad por parte de la compañía o de su filial estadounidense. La empresa indicó asimismo que registrará una pérdida relacionada con el acuerdo en sus resultados consolidados del segundo trimestre de su ejercicio fiscal, que termina el 31 de marzo de 2027, aunque no espera que la operación altere su previsión general de beneficios.
El caso también vuelve a poner el foco en el Mitsubishi 3000GT, conocido en Japón como GTO, un deportivo que destacó durante los años noventa por su tecnología y sus prestaciones. El modelo llegó a ofrecer motores V6, versiones con doble turbocompresor y soluciones avanzadas para su época, como la tracción total y sistemas destinados a mejorar el comportamiento dinámico en determinadas configuraciones. Su complejidad técnica y su diseño lo convirtieron en uno de los coches japoneses más reconocibles de aquella década. Sin embargo, la controversia judicial actual no cuestiona únicamente su reputación como deportivo, sino aspectos concretos de la protección de los ocupantes en un accidente grave.
La conclusión del litigio no significa que se haya demostrado de forma definitiva que el 3000GT tuviera los defectos denunciados, ni que la condena inicial siga vigente. El veredicto de más de 1.000 millones de dólares quedó anulado y la disputa se cerró mediante un acuerdo confidencial. La historia ilustra la complejidad de los procesos de seguridad automovilística, en los que los tribunales deben distinguir entre las causas de un accidente y los elementos que podrían haber influido en la gravedad de las lesiones. También recuerda que la evaluación de un coche clásico debe contemplar no solo su rendimiento y su tecnología, sino las diferencias entre los estándares de seguridad de su época y los actuales.
Uno de los modelos más importante para Ford.
